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¿Qué puedo hacer si alguien trata de perjudicar mi imagen pública?

dañar imagen pública

Desde la aparición de la fotografía, las filmaciones, la radio, la televisión y, más recientemente las redes sociales, es cada vez mayor la difusión masiva de la imagen de las personas. A raíz de los avances acelerados de los mass media, surgió el problema de perjudicar potencialmente la imagen personal a partir de la intromisión de los distintos medios de comunicación audiovisual en la vida privada de las personas. En muchas ocasiones, la intimidad de la persona retratada y/o registrada se ve lesionada producto de ello. Ante este fenómeno, es preciso informar desde el punto de vista jurídico, cómo proceder si tu imagen pública se ve afectada por la difusión en los medios de comunicación y redes sociales.

El derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad

Para comprender mejor tu derecho a la imagen, es necesario mencionar los dos dispositivos legales que la protegen. El artículo 18 de la Constitución Española, referente a los Derechos Fundamentales de la persona; y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. El primero, garantiza el derecho de la propia imagen, así como de la vida, la integridad física, el nombre, entre otros. La segunda, regula la protección del derecho de protección civil, del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, además se encarga de esclarecer cuando tu imagen se encuentra ante una intromisión ilegítima, así como  del resarcimiento de los daños morales y materiales como consecuencia de dichas intromisiones.

Cabe mencionar que estos derechos tienen un carácter especial, ya que son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, y la Constitución Española los privilegia frente al derecho de la libertad de expresión.

¿Cuándo te encuentras ante una intromisión ilegítima?

El Tribunal Constitucional es el máximo ente encargado de interpretar la complejidad de los términos de honor, intimidad e imagen, los cuales son subjetivos y están sujetos a cambios en la opinión pública. Ante esta dificultad, se han planteado supuestos en los que una persona se encuentra frente a una intromisión ilegítima que vulnera sus derechos.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, regula estos supuestos en los que concurren hechos suficientes para que sean considerados como intromisiones ilegítimas:

  1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.
  2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.
  3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.
  4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.
  5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el art. 8.2.
  6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
  7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
  8. La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas.

Así mismo, el artículo 8 de dicha ley también establece aquello que no está considerado como intromisión ilegítima: 

  1. No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.
  2. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
  3. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
  4. La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.
  5. Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.

Cómo proceder ante el perjuicio de la imagen pública

Si sufres una intromisión ilegítima, tienes 3 vías para hacer valer tus derechos de la imagen pública: a través de la jurisdicción penal, civil y constitucional.

La jurisdicción penal contempla en el Libro II, Título X del Código Penal las injerencias o intromisiones a la imagen pública en los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Ésta tendrá cierta preferencia sobre la jurisdicción civil en determinados casos, según la gravedad de la intromisión. La cuantificación de la compensación económica por los agravios las aplicará según los criterios de la Ley Orgánica 1/1982.

En cambio, la jurisdicción civil te permite alcanzar tus fines más rápidamente, llámese indemnizaciones y compensaciones económicas. Por ello, resulta más conveniente preceder a través de esta instancia. Además, la jurisdicción penal presenta la desventaja de que brinda garantías al acusado (quién realizó el agravio en tu contra), las cuales resultan en obstáculos para alcanzar los fines perseguidos.

Mediante la vía civil, podrás recabar la tutela judicial por las vías procesales ordinarias determinadas en el artículo 9 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo; o por el procedimiento previsto en el art. 53.2 de la Constitución Española. A su vez, se podrá hacer uso del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una vez agotada la vía ordinaria.

En cuanto al tipo de procedimiento, este corresponderá al de procedimiento ordinario regulado en el art. 249.1, apartado 2, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental. Este proceso será siempre parte del Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.

Asimismo, la tutela judicial contempla la adopción de todas aquellas medidas que persigan poner fin a la intromisión ilegítima, ya sea el restablecimiento del pleno disfrute de los derechos del perjudicado, prevenir futuras intromisiones, la indemnización de daños y perjuicios, así como la apropiación del perjudicado de los beneficios obtenidos por la intromisión ilegítima.

Sobre las compensaciones y resarcimiento de los daños

En cuanto a la indemnización a percibir por los daños y perjuicios, de demostrar que el demandado cometió intromisión ilegítima, ésta se determina, según los daños moral y material; en función siempre a las circunstancias del caso, así como la gravedad de la lesión producida, para lo cual se tendrá en consideración el nivel de alcance y difusión de dicha intromisión o divulgación.

Es importante resaltar que las acciones que quieras emprender caducarán transcurridos 4 años desde que las lesiones a tu imagen se produjeron .

Si lo que deseas es solamente el resarcimiento de tu imagen, existe una vía sin duda más rápida. Podrás hacerte valer del Derecho de Rectificación, regulado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo. Sin embargo, ésta no contempla la indemnización de daños y perjuicios, sino única y exclusivamente persigue una restitución de tus derechos vulnerados.

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